La empresa asegura contar con permisos federales, ambientales, ferroviarios, estatales y municipales; la FGR mantiene abierta la investigación sobre la propiedad y trazabilidad del combustible

El aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos en San José Iturbide, Guanajuato, abrió una controversia que todavía está lejos de resolverse: mientras las autoridades investigan la procedencia del combustible, Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo SIMSA, sostiene que su terminal opera legalmente y que ha entregado documentación para acreditarlo.

El operativo fue informado el pasado 17 de septiembre. Autoridades federales y estatales señalaron que durante el cateo fueron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con una investigación por presuntos delitos en materia de hidrocarburos.

Sin embargo, Gas Natural del Noroeste respondió mediante un comunicado en el que sostiene que la terminal de San José Iturbide funciona desde hace nueve años al amparo del permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, además de contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial de la ASEA, permiso ferroviario y autorizaciones estatales y municipales.

La empresa hizo además una precisión relevante: aseguró que presta servicios de almacenamiento y que los petrolíferos depositados en sus instalaciones pertenecen a empresas usuarias, las cuales deben acreditar propiedad, procedencia y calidad de sus productos.

El punto central de la investigación, por tanto, no parece limitarse a determinar si la terminal cuenta con permisos para operar, sino a establecer la procedencia, propiedad y trazabilidad de los aproximadamente 59 millones de litros asegurados.

La Fiscalía General de la República informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada atrajo la carpeta debido a la complejidad del caso y que se analiza documentación y se realizan entrevistas para verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo.

La controversia llegó incluso a Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR informar si existió alguna actividad ilegal y explicar qué elementos llevaron al aseguramiento de las instalaciones.

Así, ninguna de las dos conclusiones puede darse todavía por definitiva: que los permisos de la terminal demuestren automáticamente la legalidad de todo el combustible almacenado, o que los 59 millones de litros puedan considerarse definitivamente producto del huachicol.

La dimensión del aseguramiento obliga ahora a una explicación puntual de las autoridades. La investigación deberá establecer documentalmente de quién era el combustible, cuál fue su origen y si su cadena de importación, almacenamiento, traslado, comercialización y obligaciones fiscales se encontraba dentro de la ley.

Hasta entonces, los 59 millones de litros siguen siendo el centro de una investigación abierta, no de una responsabilidad penal definitivamente acreditada.